“No hay un patrón definido para determinar si una persona es un posible abusador”

Las denuncias por delitos contra la integridad sexual en San Luis alcanzan números por centenas y el incremento ocurre desde hace casi una década. Según el ministerio de Justicia de la Nación, fueron radicadas 459 denuncias en 2023.

La fiscal de Género, María del Valle Durán fue consultada por El Chorrillero para conocer qué hay detrás de estas cifras y lo que rodea sobre las presentaciones, los agresores y las víctimas. “Es uno de los delitos por los que más se denuncia”, puntualizó.

“Las presuntas víctimas generalmente son menores y sus agresores son personas de la familia, convivientes con los niños o conocidos. Y con respecto a adolescentes y jóvenes, se da mucho en un contexto de fiestas donde está por medio el alcohol y las drogas. Hemos visto muchos casos que se despiertan en un lugar que no saben dónde es y fueron ultrajados o agredidos de alguna forma”, contó.

Siguiendo con esta línea, señaló que los victimarios seriales “como el de películas” que se encuentran por fuera de los círculos familiares o cercanos, prácticamente son inexistentes o configuran una proporción muy pequeña.

“No hay un patrón, síntoma o signos para determinar si esta persona es un posible abusador sexual. No, eso no existe. Desde mi punto de vista y por la experiencia en la investigación, lo que puedo decir es que son personas allegadas que tienen mucha confianza. No se da de un día para el otro, no es una violación directa, sino que van manipulando a la víctima”, agregó.

Las denuncias que arriban a la fiscalía provienen de exposiciones policiales, también a través de correos electrónicos, de la página web de la unidad de abordaje fiscal, entre otros orígenes.

Otro indicador que surge es que, del total de las denuncias en la provincia, 397 son por violaciones y las 52 restantes pertenecen a “otros delitos contra la integridad sexual”. La cifra es más alta en relación a periodos anteriores, sobre todo hace casi una década atrás. Por ejemplo, durante 2016 fueron registradas 164 víctimas, de acuerdo a Nación.

“Abordamos temáticas como violencia familiar, de género, abandono de personas, homicidios, femicidios, etc. Pero es mucha la cantidad de denuncias por delitos contra la integridad sexual”, indicó y sumó que la gran mayoría de los ataques son contra mujeres.

También explicó las tipificaciones de los casos: “Pueden ser abusos gravemente ultrajantes. Otros pueden ser simples. Uno que se da mucho y cada vez más es el grooming, contactar con un menor por cualquier medio con fines sexuales. También está la pornografía, la reproducción o tenencia. El abanico es amplio”.

Para Del Valle Durán se presentan dos escenarios negativos en la Justicia que se arrastran desde hace tiempo. Una es la gran cantidad de causas que ingresan y la otra “la escasez de recursos humanos” con la que cuentan. En la actualidad en la fiscalía trabajan ocho instructores.

“Quizás se nos hace difícil recibir y contener a estas personas que tienen que esperar o tienen que venir otro día porque no se da abasto con la cantidad. Por suerte contamos con un departamento Interdisciplinario de Riesgo que está conformado por psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales que se dedican de lleno”, subrayó.

De acuerdo a Del Valle Durán, el aumento radica en “la mayor información que hay sobre temas sexuales, abusos, pero sobre todo en el conocimiento que tienen los niños de los derechos que tienen, que pueden ser escuchados y de que van a ser protegidos ante esta clase de situación. Las escuelas hablan de estos temas, los niños se sienten contenidos”.

Esta no es la única razón detrás de la suba, sino que a lo largo del último tiempo se incorporaron otras figuras jurídicas como los mencionados grooming o la tenencia o reproducción de pornografía.

Una cifra que aportó es que en agosto ingresaron 36 casos, de los cuales, 29 pertenecen a víctimas menores de edad.

Con este panorama, para la funcionaria resultan importantes las políticas de Estado de prevención: “Creo que debería hacerse una campaña más fuerte destinada a, no solo denunciar, sino a prevenir el abuso sexual infantil dirigida tanto en adultos como para niños, niñas y adolescentes”.

“Tengo entendido que se implementó hace tiempo la materia de educación sexual en los colegios y también hubo propagandas por televisión, pero no mucho más”, dijo la fiscal.

A la hora de calificar la modificación del Código Penal y Procesal hacia el régimen acusatorio, la funcionaria la ubicó como “muy positiva” debido al acortamiento de los plazos (aunque no solo en este tipo de delitos sino en todos).

“Hay muchas causas de abuso que todavía están tramitándose en lo que eran los juzgados de instrucción penal. En el anterior sistema. Nosotros iniciamos este régimen en febrero del 2022 y ya todas las primeras causas iniciadas están cerradas. Aunque insisto, son escasos los recursos para un sistema que nos otorga herramientas para poder hacerlo mucho mejor y en menor tiempo”, completó.